Papá, cómprame el algodón

EDITORIAL

EL COMERCIO         Domingo 05 de febrero de 2012

Este intento desvergonzado de mercantilismo es particularmente grave teniendo en cuenta que no es el único que protagonizan los algodoneros…

Los algodoneros han marchado protestando por la caída de los precios del algodón. Exigen al Gobierno que les garantice un precio mínimo y que sea el Estado el que les compre cuando no haya nadie más que les quiera pagar sus productos a ese precio. En otras palabras, piden que el Gobierno nos obligue a todos los peruanos (que somos los contribuyentes de los que sale el dinero con que el Estado pagaría a los algodoneros) a comprarles a los precios que no estuvimos dispuestos a pagar libremente. La única diferencia es que en este caso no recibiremos el algodón a cambio.

Pedir al Gobierno que garantice un precio a un sector económico es igual a pedirle que garantice el clima. Es solicitar que el Estado asuma un riesgo natural de un negocio en el que él no se ha metido ni tendría por qué meterse. ¿Por qué sí comprar sus productos a precios asegurados a los algodoneros y no a los zapateros, los ganaderos, los bodegueros, los chocolateros o los textileros?

Hay que anotar, además, cómo los empresarios del gremio están buscando que los demás peruanos (el Estado, repetimos, lo pagamos todos) nos asociemos con ellos (compartiendo sus pérdidas) solo para los tiempos de vacas flacas. ¿O es que acaso cuando el precio sea mayor al precio garantizado que ahora exigen, ellos entregarán la diferencia al fisco?

Este intento desvergonzado de mercantilismo es particularmente grave teniendo en cuenta que no es el único que protagonizan los algodoneros. Ya el año pasado lograron imponer una medida fitosanitaria contra el algodón indio para protegernos del ingreso de una plaga que nunca estuvo en ese algodón. Lo que buscaban era acabar con la competencia del hilado indio. Y ahora que la medida ha sido derogada por obscena, están exigiendo aranceles para protegerse. Todo, a costa del consumidor, que ve así limitada la competencia entre sus proveedores y, por consiguiente, las posibilidades de comprar a precios cada vez más bajos, vengan del país que vengan. Por eso protestaban tanto los empresarios de Gamarra (consumidores de algodón) contra la mencionada medida.

Tampoco son las presiones proteccionistas de los algodoneros una actitud aislada en el agro. Por eso existe el Agrobanco. Busca tener contentos con préstamos que acaban siendo subsidios (una vez más, pagados por todos los peruanos) a los agricultores. Subsidios que, por lo demás, terminan perjudicando la productividad de los propios agricultores, que, como todo el mundo, se esfuerzan menos cuando saben que están protegidos de pérdidas.

En el Perú deberíamos tenerlo claro ya: no existe un uso del poder público para favorecer intereses privados (se amparen o no en el nacionalismo) que no sea pagado por el pueblo. Por el pueblo contribuyente, que financia todo lo que paga ese poder público, y por el pueblo consumidor, que tiene que pagar siempre más, cuanto menos competencia exista. Toda marcha que, como la que comenzamos comentando, pretenda recibir la protección estatal para un negocio privado tendría que encontrarse con una contramarcha formada por todos los que pagaremos ese privilegio que se pide; es decir, por todo el resto del Perú.

En este Diario estamos convencidos de que tan dañino para el interés general como el estatismo es el mercantilismo, y lo enfrentaremos cuantas veces sea necesario. A no ser, claro, que los contribuyentes estén dispuestos a que, en lo futuro, el Estado nos compre todas las ediciones que decidamos imprimir.