(Editorial) Buen trabajo
¿Quiere esto decir que se debe desproteger al trabajador? No.
Lo que quiere decir es que no se le debe dar protecciones mentirosas…
Lo que quiere decir es que no se le debe dar protecciones mentirosas…
Una comisión de especialistas creada por el Gobierno ha llevado a cabo una reforma al proyecto de ley general del trabajo que propone medidas como aumentar significativamente la indemnización máxima por despidos arbitrarios y reducir el número de situaciones en que los trabajadores podrán ser empleados por medio de contratos temporales.
¿No es maravilloso?
Ahora los trabajadores estarán más seguros gracias a la varita mágica legal.
Excepto, pequeño detalle, que “los trabajadores” son solo aquellos del sector que se rige por la ley; es decir, el 20% de los empleados del Perú.
Con lo que tenemos una norma para proteger a los trabajadores que habrá de resultar un chiste de mal gusto al 80% de ellos, quienes verán cómo sus probabilidades de llegar a ser formales se reducen conforme cuesta más al empresario cumplir con la ley al contratarlos.
Esto, sin tomar en cuenta a los más perjudicados, que son quienes no poseen empleo alguno y pierden posibilidades de conseguirlo según aumenta el precio de emplear a alguien en el país.
La economía funciona así, a diferencia de lo que imaginan muchos “expertos” voluntaristas: si algo se encarece, pierde demanda.
Y no es, por otra parte, que contratar en el Perú actualmente sea barato.
Es lo suficientemente caro como para incentivar a que el 80% de los contratos laborales sean informales.
No en vano somos uno de los 20 países con más rigidez laboral en el mundo.
¿Quiere esto decir que se debe desproteger al trabajador? No.
Lo que quiere decir es que no se le debe dar protecciones mentirosas, que quedan colgadas de unas alturas que la enorme mayoría de empresas de nuestra aún pequeña economía nunca podrá alcanzar.
Porque, contrariamente a lo que piensan quienes al oír “empresario” se imaginan la caricatura del tipo panzón con puro y sombrero de copa, quienes emplean al informal 80% de trabajadores de la economía peruana son, principalmente, las pequeñas y medianas empresas de la nueva clase media.
Son las posibilidades de estas pequeñas y medianas empresas de poder llegar a competir con los grandes grupos industriales, que sí pueden asumir el costo de la formalidad, las que son penalizadas con estas normas.
¿Cómo sí se puede proteger a los trabajadores?
Pues, primero, logrando que más de ellos puedan acceder a un régimen formal realista, considerando el tamaño de la economía peruana.
Y, segundo, mejorando sus ingresos al hacer que sean más las empresas que compitan entre ellas por contratar trabajadores; lo que implica abaratar el costo de crearlas.
En resumen, se protege al trabajador haciendo exactamente lo contrario que haría esta reforma en caso de ser aprobada.
No es cuestión de pura teoría.
Gracias al crecimiento y la competencia empresarial, en la última década la población adecuadamente empleada en el país creció casi 90% en zonas urbanas y más de 100% en zonas rurales.
Solo en Lima Metropolitana, desde el 2004, los ingresos de los jóvenes menores de 24 años y de los trabajadores con educación primaria o menor se han elevado en 60%.
En el mismo período, el tiempo que pasa un trabajador desempleado buscando un nuevo trabajo se ha reducido a la mitad.
En Ica, donde prácticamente existe pleno empleo gracias a la multiplicación de empresas agroexportadoras, se ha reducido la pobreza a casi la quinta parte.
Por citar solo algunos ejemplos.
¿Cuál es la parte que no se entiende? ¿O es que sí se entiende, pero no importa?
No hay que olvidar, después de todo, que los más grandes promotores de este tipo de normas son los sindicatos, que son todos de empleados formales y tienen inscrito, en total, al 4% de los trabajadores del país.
En otras palabras, estos cambios los empujan precisamente quienes se benefician de ellos a costa de un 80% de trabajadores que, por lo que se ve, a estos tan “sociales” sindicatos les importan muy poco.
Hasta donde se entiende, a los grupos minoritarios que usan el poder público para que este legisle en favor de sus intereses privados se les llama “oligarquías” (aunque sean laborales).
Y las oligarquías, ya lo sabemos, no son una buena noticia para nadie que no forme parte de ellas.
¿No es maravilloso?
Ahora los trabajadores estarán más seguros gracias a la varita mágica legal.
Excepto, pequeño detalle, que “los trabajadores” son solo aquellos del sector que se rige por la ley; es decir, el 20% de los empleados del Perú.
Con lo que tenemos una norma para proteger a los trabajadores que habrá de resultar un chiste de mal gusto al 80% de ellos, quienes verán cómo sus probabilidades de llegar a ser formales se reducen conforme cuesta más al empresario cumplir con la ley al contratarlos.
Esto, sin tomar en cuenta a los más perjudicados, que son quienes no poseen empleo alguno y pierden posibilidades de conseguirlo según aumenta el precio de emplear a alguien en el país.
La economía funciona así, a diferencia de lo que imaginan muchos “expertos” voluntaristas: si algo se encarece, pierde demanda.
Y no es, por otra parte, que contratar en el Perú actualmente sea barato.
Es lo suficientemente caro como para incentivar a que el 80% de los contratos laborales sean informales.
No en vano somos uno de los 20 países con más rigidez laboral en el mundo.
¿Quiere esto decir que se debe desproteger al trabajador? No.
Lo que quiere decir es que no se le debe dar protecciones mentirosas, que quedan colgadas de unas alturas que la enorme mayoría de empresas de nuestra aún pequeña economía nunca podrá alcanzar.
Porque, contrariamente a lo que piensan quienes al oír “empresario” se imaginan la caricatura del tipo panzón con puro y sombrero de copa, quienes emplean al informal 80% de trabajadores de la economía peruana son, principalmente, las pequeñas y medianas empresas de la nueva clase media.
Son las posibilidades de estas pequeñas y medianas empresas de poder llegar a competir con los grandes grupos industriales, que sí pueden asumir el costo de la formalidad, las que son penalizadas con estas normas.
¿Cómo sí se puede proteger a los trabajadores?
Pues, primero, logrando que más de ellos puedan acceder a un régimen formal realista, considerando el tamaño de la economía peruana.
Y, segundo, mejorando sus ingresos al hacer que sean más las empresas que compitan entre ellas por contratar trabajadores; lo que implica abaratar el costo de crearlas.
En resumen, se protege al trabajador haciendo exactamente lo contrario que haría esta reforma en caso de ser aprobada.
No es cuestión de pura teoría.
Gracias al crecimiento y la competencia empresarial, en la última década la población adecuadamente empleada en el país creció casi 90% en zonas urbanas y más de 100% en zonas rurales.
Solo en Lima Metropolitana, desde el 2004, los ingresos de los jóvenes menores de 24 años y de los trabajadores con educación primaria o menor se han elevado en 60%.
En el mismo período, el tiempo que pasa un trabajador desempleado buscando un nuevo trabajo se ha reducido a la mitad.
En Ica, donde prácticamente existe pleno empleo gracias a la multiplicación de empresas agroexportadoras, se ha reducido la pobreza a casi la quinta parte.
Por citar solo algunos ejemplos.
¿Cuál es la parte que no se entiende? ¿O es que sí se entiende, pero no importa?
No hay que olvidar, después de todo, que los más grandes promotores de este tipo de normas son los sindicatos, que son todos de empleados formales y tienen inscrito, en total, al 4% de los trabajadores del país.
En otras palabras, estos cambios los empujan precisamente quienes se benefician de ellos a costa de un 80% de trabajadores que, por lo que se ve, a estos tan “sociales” sindicatos les importan muy poco.
Hasta donde se entiende, a los grupos minoritarios que usan el poder público para que este legisle en favor de sus intereses privados se les llama “oligarquías” (aunque sean laborales).
Y las oligarquías, ya lo sabemos, no son una buena noticia para nadie que no forme parte de ellas.
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