Más allá de disquisiciones entre izquierdas y derechas, la posibilidad de una “gran transformación” también pasa por políticas sociales efectivas…
En una de sus medidas más esperadas, el 20 de octubre del 2011 el gobierno que preside Ollanta Humala creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y designó a la economista Carolina Trivelli como la primera encargada de esta cartera.
Dicho ministerio acaba de publicar “Midis 100 días”, su primer informe “Rendición de cuentas y lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión social”. Dado que la “inclusión social” se ha convertido en el sello y promesa de la actual gestión, consideramos necesario discutir la relevancia de este ministerio no solo para la dirección política que tome el gobierno, sino también como aspecto estratégico para la orientación del modelo de crecimiento económico.
La gestión de las políticas sociales en el Perú no ha alcanzado los niveles de profesionalización y desarrollo como las políticas llevadas adelante en otras áreas, sobre todo en la economía.
Las burocracias encargadas de poner en marcha programas sociales se han establecido básicamente guiadas por criterios políticos antes que técnicos.
Los ministerios sociales –especialmente los relacionados con programas de asistencia– suelen ser dominados por operadores políticos y por incondicionales servidores al poder de turno.
Consiguientemente, el clientelismo y las prebendas terminan imponiéndose sobre el diseño técnico.
No es casual entonces que las medidas planificadas no hayan tenido el efecto esperado. La vulnerabilidad de los más necesitados se mantiene con tal de cumplir con los compromisos políticos.
Por otro lado, el modelo de crecimiento ha demostrado que, al menos mientras termina de llegar a todo el país, requiere de un soporte social genuino y no de un simple guiño de corrección política.
Si bien es cierto que los indicadores sociales han mejorado sustancialmente gracias al crecimiento, sigue siendo verdad que hay un importante sector de la población al que este aún no llega, situación que sustenta el descontento, la conflictividad social y la desafección con la política.
En un contexto así, la generación de una tecnocracia en lo social –profesionalizada, meritocrática y solvente– que sostenga con rigurosidad sus metas ante su par económico resulta necesaria para equilibrar un esquema de gobierno centralmente economicista.
La concentración de las políticas sociales en un Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y que además promueva la articulación intergubernamental e intersectorial para enfrentar eficazmente la pobreza no puede pensarse sin la formación de una tecnocracia a la altura del desafío.
El convenio entre el Midis y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) es un inicio saludable para la incorporación de funcionarios capaces en toda la estructura territorial de esta burocracia.
Establecer patrones de carrera al interior de ella, con una política laboral de incentivos y una permanente capacitación y actualización académica, es el paso siguiente para construir una plana profesional donde sean competentes desde los sofisticados diseñadores de políticas hasta sus implementadores de campo.
Más allá de disquisiciones entre izquierdas y derechas, la posibilidad de una “gran transformación” también pasa por políticas sociales efectivas que atiendan a los más desprotegidos sin condicionar la prestación de servicios a través de lealtades electorales. Sin hacer giros de acrobacia ideológica ni alterar el exitoso esquema de desarrollo que venimos manteniendo, es posible representar políticamente a ese tercio insatisfecho que hoy es pretendido por sectores retrógrados.
La crisis de representación se combate también con un Estado con políticas sociales a cargo de profesionales solventes que en lugar de ver a los beneficiarios como clientela electoral los vea como ciudadanos con derechos.
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