Liberemos al regulador

EDITORIAL

EL COMERCIO                       Viernes 03 de febrero de 2012

Los reguladores nombrados tienen su esencial razón de ser en la existencia de monopolios naturales. Esto es, industrias donde no tiene sentido económico que haya más de un solo proveedor

Se está por nombrar a los presidentes de los cuatro organismos reguladores autónomos que tiene el Estado (Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass). El MEF y la PCM nombrarán cuatro comisiones ad hoc, cada una de las cuales escogerá a su vez al presidente del regulador correspondiente. En otras palabras, se nombrará a los reguladores vía un procedimiento que es controlado de forma mediata (pero no tan lejana) por el Ejecutivo y que, consiguientemente, obstaculiza de partida que estos puedan ser lo que, por sobre todo, tendrían que ser: independientes.

Los reguladores nombrados tienen su esencial razón de ser en la existencia de monopolios naturales. Esto es, industrias donde no tiene sentido económico que haya más de un solo proveedor. Por ejemplo, suele ser más eficiente que solo se gaste en una red de agua potable para la misma ciudad.

La función del regulador es hacer, donde hay monopolios naturales, lo que normalmente haría la competencia: lograr que las empresas se esfuercen por ofrecer al consumidor la mejor combinación de calidad-precio que les permita ser rentables. El oficio básico de un regulador es, pues, eminentemente técnico: poder calcular de la manera más exacta posible esta relación. El tecnicismo del regulador, entonces, es la garantía del consumidor.

Pues bien, la amenaza más grande para el tecnicismo de los reguladores (y, por tanto, para el interés de los consumidores) es la política. Los monopolios naturales son servicios públicos y estos, ya se sabe, suelen cubrir necesidades básicas, como el agua. La tentación para los políticos de intervenir los reguladores es, por tanto, permanente y grande. Por ejemplo, bajando los precios a niveles que resulten populares pero que hagan que deje de ser rentable para la empresa invertir en expandir en redes o mantener un servicio de calidad. Hacer, pues, que las posiciones de los jefes de los reguladores dependan del Ejecutivo es conectarlos a hilos que acaban en las manos de los políticos. No en vano los gobiernos anteriores optaron por pedir su renuncia a varios de los directores de los reguladores a pesar de no tener los plazos de sus mandatos cumplidos y ajustaron a sus propias necesidades la manera de nombrar a sus reemplazos.

Necesitamos un nuevo método para elegir a nuestras autoridades regulatorias, un camino más lejano de las decisiones de quienes dependen de la aprobación popular. Por ejemplo, una idea viable sería aprovechar la independencia que tiene el BCR, acaso el organismo estatal más técnico y autónomo que a la fecha tenemos, haciendo que sea este el que los nombre o proponga ternas. De una forma muy similar se nombra, con éxito, a los miembros de los reguladores en Chile.

Finalmente, ya que estamos hablando de reformas, debiera también comprenderse dentro de esta independencia a los reguladores sin ese nombre que se hallan camuflados a lo largo y ancho del Ejecutivo, sin tener autonomía siquiera nominal: Digemin, Digesa, ANA, Senasa, las instancias del Ministerio de Educación que regulan las empresas del sector, etc. Aunque estos entes reguladores no se enfrentan a monopolios naturales, sí intervienen las actividades privadas con razones económicas en defensa de la ciudadanía. Y donde hay la misma razón, debe regir la misma norma.