(Editorial) Los tunches, otra vez
A la situación de Madre de Dios le echaron gasolina los (nuevos) retrocesos del gobierno.
Lo que ha pasado en Madre de Dios con la llegada de las muertes en las manifestaciones de los mineros ilegales era predecible.
Si se decide combatir una banda de delincuentes y se crea incluso un tipo de delito con su nombre, para luego tener como primer reflejo frente a su protesta enviar a una comisión de alto nivel (de candidez) a negociar con ellos, el resultado viene cantado: unos delincuentes envalentonados.
Se les ha enseñado que, si empujan lo suficiente, toda la solidez del Estado se desvanece en el aire.
Sobre todo teniendo en cuenta que esta lección ya es, en realidad, solo una confirmación: no olvidemos que a fines del año pasado, cuando un gobierno aparentemente decidido empezó a destruir las dragas de los mineros ilegales y estos respondieron saliendo a las calles, como ahora, a defender su “derecho” a delinquir en una “protesta social” y quemando la sede del gobierno regional, la cosa terminó con el envío de otra comisión y la suspensión de todo el operativo estatal.
Tendrían que ser, pues, tontos los ilegales para no seguir empujando hasta que los dejen tal como estaban.
Y estos depredadores de bosques (que además son explotadores laborales y defraudadores tributarios) podrán ser abusivos, pero no son tontos.
Guillermo O’Donnell, politólogo argentino recientemente fallecido, mencionaba que los países en vías de desarrollo, lejos de evidenciar democracias representativas (que sí se observan en países desarrollados), ostentaban una forma de democracia “delegativa”, en la que el votante, de algún modo, otorga el derecho a las autoridades elegidas a gobernar como les convenga.
En el Perú, sin embargo, lo que parece observarse desde hace ya varios años es una suerte de “democracia coactiva”, en la que diferentes grupos de presión, luego de que se ha elegido a las autoridades, coaccionan (las más de las veces de manera violenta) para que estas cedan, al margen de los canales democráticos y de lo que pueda ser la voluntad de la mayoría, a sus demandas e intereses.
Nuestro Estado, por su parte, parece pensar que esto está bien.
Que “democracia” es dialogar sobre cualquier tema que se exija con cualquiera que lo exija, aunque se trate del pirómano del barrio exigiendo su “derecho” a seguir quemándolo.
De esta forma, desde el ‘arequipazo’ a acá, nuestros sucesivos gobiernos se han vuelto en los principales socavadores de nuestras posibilidades de llegar a tener alguna vez una democracia que funcione plenamente.
Y es que, ¿qué sentido tiene tener una Constitución y elegir conjuntamente representantes generales para que hagan una ley para todos si luego cada grupo podrá negociar con el Estado su propio sistema de derechos y su propia política de gobierno?
Por otro lado, ¿cómo esperar que los canales existentes para procesar los pedidos y quejas de los ciudadanos lleguen alguna vez a funcionar bien si el Estado no cesa de enseñar que bloqueando una calle se puede obtener lo que uno quiere muchas más veces y mucho más rápido?
Lo hemos dicho ya, en nuestra Editorial del 9 de febrero del 2012: las “mesas de negociación” en el Perú sirven para que el que las impone, eluda los canales institucionales.
Así, mientras el que se coloque a patadas delante de la fila siga siendo atendido por la ventanilla, nunca podremos esperar que alguien respete las reglas de la cola.
Los peruanos vivimos en una democracia que es secuestrada por toda clase de grupos un día sí y otro no y con un Estado que parece sufrir de síndrome de Estocolmo.
Tiene debilidad por sus captores, conversa con ellos, les brinda alternativas, los perdona, se olvida de lo que perpetran y se olvida del resto del país.
Con todo lo ya perdido con esta situación, sería bueno si al menos pudiésemos guardar un poco de dignidad.
Puesto que a estas alturas ha cedido tantas veces frente a los mineros ilegales (y frente a varios otros), que el gobierno guarde un pudoroso silencio.
O que comience a enviar a las comisiones de alto nivel directamente a ceder en lo que quieran las protestas de las que se trate antes de que se vuelvan violentas.
Lo que sea, pero que no siga haciendo cada cierto tiempo esas declaraciones decididas y sacando esos avisos de “ahora sí ya no”, en nombre de todos.
Los mineros ilegales podrían usar el papel para su próxima hoguera en una oficina estatal.
Fuente: El Comercio Política
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